¿Cómo conciliar la sentencia que, contra el parecer de la Junta de Castilla y León y contra el de una mayoría de padres de alumnos, acaba de obligar a retirar los crucifijos de un colegio público de Valladolid con el precepto constitucional que, en nombre de la libertad religiosa, llama precisamente a los poderes públicos a "tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española" (articulo 16), y que también reconoce en su articulo 27 "el derecho que asiste a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones"?

Parece tan imposible de reconciliar como la presencia en un centro estatal de un símbolo religioso, como es un crucifijo, con los preceptos constitucionales que, en esos mismos artículos, también proclaman que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y que reconocen la libertad religiosa y de enseñanza también para quienes no pertenecen a la mayoritaria religión católica.

Planteado el dilema en estos términos, considero que la postura más acorde a la letra y al espíritu de nuestra Constitución y a un régimen de libertades sería la de mantener el crucifijo si así lo desean la mayoría de padres que tienen escolarizados a sus hijos en el centro público del que se trate. Entre otras cosas porque, de lo contrario, pienso que se vulnerarían derechos de más ciudadanos que los que esta sentencia supuestamente pretende defender. Más que preservar un Estado aconfesional garante de la libertad religiosa, nos deslizaríamos por los senderos liberticidas por los que suele circular el Estado laicista. Y es que puestos a retirar el crucifijo de las escuelas por el carácter aconfesional de Estado, ¿por qué no proscribir también su presencia en los actos de jura –perdón, promesa– de la Constitución cuando nuestros representantes públicos asumen sus cargos? ¿Va también un tribunal a prohibir los belenes y la celebración de la Navidad en los colegios públicos con la excusa de que estamos en un Estado aconfesional? ¿Vamos a derogar la legislación que regula los festivos por ser muchos de ellos de origen y vigencia religiosos? Es más, ¿vamos a prohibir también la presencia del crucifijo en los centros escolares privados y confesionales pero que, al ser concertados, se les asigna obligatoriamente la escolarización de niños cuyos padres pueden o no tener creencias cristianas?

No obstante, y a pesar de lo anterior, creo que el verdadero conflicto en el caso que nos ocupa no lo plantea tanto la presencia o ausencia de los crucifijos en las escuelas, sino el tipo de presencia del Estado en la educación. No hay nada en nuestra Constitución que obligue al Estado a crear y regir centros escolares. Si el Estado se dedicara a garantizar el constitucional derecho a la educación subvencionando con bonos escolares a los titulares de ese derecho, en lugar de hacerlo directamente a la oferta educativa (bien sean centros estatales o privados concertados), los ciudadanos tendrían libertad para elegir el centro escolar que quieren para sus hijos. Ningún conflicto genera la ausencia o presencia de crucifijos en centros de enseñanza privados, ya sean, respectivamente, laicos o confesionales.

Ya está bien de que el poder público sea el que, a modo cuasi soviético, asigne de modo obligatorio a cada niño su centro escolar bajo pena de perder sus padres una "gratuidad" que, en cualquier caso, seguirán pagando de sus impuestos. Si los responsables de los distintos centros escolares fueran libres para decidir en sus escuelas, y los padres fueran libres de elegir el centro de su preferencia, sin ser por ello penalizados, se respetaría en mejor medida el derecho a la educación y lo haríamos compatible con la no menos vulnerada libertad de enseñanza. Esta libertad no sólo elevaría de forma competitiva la calidad de la enseñanza sino que también nos evitaría el problema que ahora nos plantea una exigua pero influyente minoría que dice sentirse ofendida con la mera presencia en las aulas de un crucifijo.

Y es que entre las innumerables cualidades que tiene la libertad también está la de dejarnos decidir a cada uno de nosotros qué le damos a Dios y qué le damos al César.

Fuente: Libertad Digital, 20 de noviembre de 2008